Oriana Cutipa Aragón
20 de enero de 2025
El régimen de excepción en El Salvador reduce la criminalidad, pero intensifica tensiones entre seguridad y derechos humanos, entonces, ¿El fin justifica los medios?
En los últimos dos años, en El Salvador se observó un abrupto descenso de la criminalidad proveniente de grupos como la Mara Salvatrucha-13 y el Barrio 18, que anteriormente aterrorizaban a la población impidiendo el desarrollo normal de sus vidas cotidianas hasta que en el 2019 asume en el cargo de Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien implementa una política criminal drástica pero efectiva. Aunque los resultados son innegables, se ha generado un intenso debate sobre los límites entre la búsqueda de seguridad y el respeto a los derechos humanos. En este contexto, analizaremos los logros, controversias y las implicancias éticas de estas medidas, explorando si el fin realmente justifica los medios.
Fotografía de un integrante de la pandilla Barrio 18
Un país marcado por la violencia
En 2015, El Salvador registró 103 homicidios por cada 100,000 habitantes, la tasa más alta en su historia reciente. Este período oscuro estuvo dominado por intentos fallidos de los gobiernos anteriores por contener la violencia a través de políticas como "La Mano Dura" y "Súper Mano Dura". Incluso, en 2012, se estableció una tregua entre pandillas que colapsó al año siguiente, desencadenando una nueva ola de homicidios. En este contexto, la Corte Suprema catalogó a las pandillas como grupos terroristas, responsables de atentados sistemáticos contra la población.
El Plan Bukele y el Régimen de Excepción
La llegada de Bukele marcó un punto de inflexión. Con el "Plan Control Territorial", que consta de siete fases, el gobierno buscó recuperar el control del país. Sin embargo, tras un aumento alarmante de asesinatos en un solo día (62 homicidios el 26 de marzo de 2022), se declaró un régimen de excepción. Este decreto limitó derechos fundamentales, como el de reunión y el debido proceso, permitiendo la captura masiva de presuntos pandilleros.
Desde entonces, el régimen ha sido prorrogado en varias ocasiones, logrando una reducción sin precedentes en los homicidios. Según datos oficiales, la tasa de homicidios bajó a 2,4 por cada 100,000 habitantes en 2023, y se proyecta que alcance 1,8 en 2024. Pese a estos logros, organismos como Amnistía Internacional critican la medida por su impacto en los derechos humanos y la detención de inocentes.
¿El fin justifica los medios?
Para evaluar el régimen de excepción, es crucial aplicar un test de proporcionalidad. La idoneidad de las capturas masivas permitió alcanzar el objetivo de reducir la criminalidad. Sin embargo, la demora procesal y la sobrepoblación carcelaria son desafíos pendientes, pese a iniciativas como la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). En cuanto a la necesidad, aunque existen medidas menos restrictivas, ninguna había logrado resultados similares en términos de seguridad pública. Sin embargo, la prolongación del régimen es cuestionable, ya que la situación inicial de emergencia parece haber sido superada. Respecto a la proporcionalidad en sentido estricto, los beneficios del régimen, como la protección de la vida y la paz social, superan los costos en términos de libertad individual. Casos como la masacre de Mejicanos en 2010, donde pandilleros quemaron un microbús con 17 pasajeros a bordo, ilustran la gravedad del problema que estas medidas buscan erradicar.
¿Es replicable este modelo?
La estrategia de Bukele ha inspirado a políticos en otros países de la región, pero su replicabilidad es cuestionable. Factores como la densidad poblacional, recursos disponibles y extensión territorial varían significativamente entre países, lo que dificulta una aplicación efectiva fuera de El Salvador.
Reflexión final
El régimen de excepción ha transformado la seguridad en El Salvador, devolviendo la paz a millones de ciudadanos y abriendo oportunidades para el desarrollo económico, social y turístico. Sin embargo, esta mejora plantea una pregunta ética esencial: ¿debería normalizarse la suspensión de libertades fundamentales en nombre de la seguridad?
El Salvador está en una encrucijada histórica. El reto ahora es construir sobre este progreso sin sacrificar los principios democráticos que garantizan un futuro justo y equitativo para todos.
Oriana Cutipa Aragón
Ronal Guevara Guevara