¿Es eficiente el análisis costo-beneficio en los proyectos de ley peruanos?

El análisis costo-beneficio se encuentra establecido en el Reglamento del Congreso como requisito de admisibilidad para las proposiciones legislativas. Este busca maximizar en lo posible los beneficios de una ley a un menor costo a favor del bien común. 

Sin embargo, no es utilizado correctamente y representa una de las causas de la crisis legislativa que viene atravesando el país, entonces, ¿por qué el análisis costo-beneficio es tan importante y qué repercusiones tiene?

¿Qué es el Análisis Económico del Derecho?

Es un movimiento intelectual que se originó en 1960 en Estados Unidos y que más adelante se extendió a Latinoamérica. En cuanto a su aplicación en el Derecho se refiere a que las normas jurídicas, por sí mismas, generan incentivos y desincentivos influyendo en el comportamiento de las personas. En este contexto, se emplea específicamente el análisis costo-beneficio para predecir los resultados o la viabilidad de una ley.

El costo-beneficio como letra muerta

En el Art. 75 del Reglamento del Congreso de la República del Perú, se establecen los requisitos para la presentación de las proposiciones legislativas donde se considera el análisis costo-beneficio respecto a la identificación de sectores que se beneficiarían con la ley, aquellos que serían perjudicados, su impacto económico y sus efectos monetarios y no monetarios. 

Empero, este suele ser meramente burocrático y carece de justificación real, algunos proyectos de ley que ejemplifican esta problemática es el Proyecto de Ley N° 7536/2023-CR que tenía por objeto modificar el Decreto Legislativo N° 1264 con el fin de establecer un nuevo plazo para la regularización y cumplimiento efectivo de las obligaciones tributarias, en su apartado de costo-beneficio solo se menciona lo siguiente: “Esta iniciativa no genera gasto adicional al erario público, por el contrario, contribuye a incrementar la recaudación tributaria”. (p.7)

En este proyecto legislativo no se detalla de manera cuantificada tal incremento (beneficio directo), incluso si no se pudiera obtener de forma global, de acuerdo con la guía de orientación N° 06-2005-DCD-DGP/CR emitida por el mismo Congreso, se debería haber trabajado con una muestra para proyectar su alcance y comprobar sus beneficios y desventajas.

En ese sentido, según la guía para la aplicación del análisis costo-beneficio emitida por la Oficina de Calidad Legislativa en el 2024, tampoco se analiza los impactos directos e indirectos económicos (macroeconómicos) ni sociales específicos, y no se considera los costos directos tales como la carga administrativa y los costos de implementación (costos de difusión y monitoreo). 

El Proyecto Legislativo mencionado anteriormente forma parte del 5.6% de proyectos que cuentan con un análisis costo-beneficio deficiente, insuficiente e impreciso en comparación al 94.4% de proyectos que ni siquiera lo presentaban; de acuerdo al Informe de Competitividad del 2022 elaborado por el Consejo Privado de Competitividad.  

¿Por qué es importante un análisis costo-beneficio eficiente?

Su relevancia radica en la aplicación real de aquellas proposiciones que terminan siendo ley. Si se plantea una ley sin un análisis costo-beneficio preciso es probable que en su aplicación se generen gastos no previstos ni presupuestados haciendo que sea inviable y genere perjuicios económicos, sociales e incluso ambientales, dependiendo de su naturaleza. 

En cuanto a esto, se produce un gran derroche de recursos en una ley que quizás fue inviable desde que era un proyecto y en consecuencia, el capital destinado a fondos públicos ya no podrá ser recuperado.

Por otra parte, en Perú ya se vive otra consecuencia de la deficiente aplicación del análisis costo-beneficio y es la pérdida de confianza de la ciudadanía, especialmente en estos últimos años, donde la población percibe el desastre legislativo sólo como una dinámica de poderes particulares y lleno de formalidades vacías que no actúan en pro del bien común.

Un caso que ejemplifica lo anteriormente mencionado es la Ley N° 32181, en su única disposición complementaria derogó el Art. 261.1 del Código Procesal Penal que regulaba la detención preliminar en casos de no flagrancia lo que tuvo repercusiones negativas en la sociedad debido a que se eliminó una herramienta clave en la lucha contra la criminalidad.​ 

Posteriormente, debido a las creciente críticas y preocupaciones expresadas, por parte de la población, el Ministerio Público y el Poder Judicial; el Congreso aprobó la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia.

El análisis costo-beneficio no puede ser un requisito vacío en los proyectos de ley peruanos, pues su valor radica en evitar inconvenientes que más adelante no pueden ser solventados. Esto representa un aspecto importante para el desarrollo de las políticas públicas del país. Solo de esta manera, las leyes cumplirán su función de regular de manera eficiente y justa, además se evitará el desperdicio de recursos y se fortalecerá la calidad de la legislación en Perú.